La matrícula profesional no es un mero trámite administrativo. Su obligatoriedad está prevista en la Ley Nacional N° 20.488 y la Ley Provincial N° 5.051, que establecen que toda persona que quiera ejercer en el ámbito de las Ciencias Económicas debe contar con este requisito. Es la matrícula la que convierte el conocimiento en ejercicio válido y la que otorga legitimidad a cada dictamen, balance, informe, asesoramiento, capacitación, proyección o actuación profesional, ya sea en el ámbito privado, público o académico.
El cumplimiento de la ley requiere de un sistema de control institucional. En ese marco, la Comisión de Vigilancia Profesional desempeña un rol esencial: verificar que quienes se presentan como profesionales estén debidamente matriculados, analizar situaciones irregulares y, cuando corresponde, derivarlas al Tribunal de Ética, órgano legal del Consejo facultado para intervenir en esos casos.
Este trabajo no solo protege a la matrícula y a quienes ejercen de manera responsable, sino también a la sociedad en su conjunto. Garantiza que los servicios profesionales respondan a estándares de calidad, ética y legalidad, y que ningún ciudadano quede expuesto a prácticas ejercidas por personas no habilitadas.
La tarea de la Comisión no se limita a vigilar. También impulsa acciones de información y concientización, recordando a la comunidad la importancia de contratar profesionales matriculados y promoviendo la cultura del ejercicio responsable. De esta manera, el Consejo combina control con prevención y educación, consolidando la confianza en la profesión y en quienes la ejercen.
La matrícula es el acto que habilita legalmente el ejercicio y que respalda el trabajo de cada profesional. El Consejo, a través de su estructura institucional, garantiza que ese marco se cumpla y que la sociedad se beneficie de servicios responsables y de calidad.
Sin matrícula, no se ejerce. Sin matrícula es ilegal
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